Desactivan puestos de venta de drogas en zona noroeste
El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezaron este martes la inactivación de dos inmuebles en zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico sancionada por la Legislatura a comienzos de la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro.
La actividad se llevó adelante este martes en Bello 3936 y Oria 4055. Este tipo de operativos de inactivación y derribo de bunkers que se da en el marco de la ley de Microtráfico comenzó a principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
Sobre las inactivaciones
En el móvil de Cadena OH!, Cococcioni destacó que estos dos lugares de inactivación "son muy emblemáticos". "Desde el punto de vista de la Seguridad, pensemos que algunos de los grupos que gestionaron estos puntos de venta, fundamentalmente hacia todo el 2023, ocasionaron balaceras, heridos de arma de fuego en las inmediaciones", sostuvo.
El funcionario indicó que, además, "fue un lugar que estuvo actividad comandada desde la cárcel de Piñero hasta hace prácticamente un año que con el cambio de régimen de alto perfil y el incremento en la eficiencia de las requisas, se pudieron secuestrar celulares desde los cuales se gestionaba parte de toda esta actividad criminal".
"Son lugares vinculados al 'Lichy' Romero y toda esa gente, indirectamente por supuesto. Más allá de esto, son lugares que, realmente, estaban en funcionamiento", afirmó el titular de la cartera provincial de Seguridad.
Cococcioni reveló que estos lugares "habían sido allanados varias veces, eran viejos puntos de venta" y que "eran lugares ya marcados, señalados de hace años por vecinos y por información de todo tipo, incluso judicializada, pero seguía funcionando".
"Y no solo eso, sino que en todo el entorno se producía una degradación de la convivencia con hechos violentos y circulación de violencia y de delincuentes en forma permanente", añadió el ministro.
Ley de Microtráfico
Se trata de una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de "microtráfico" o "narcomenudeo", que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
"En este año aniversario de la ley de Microtráfico, con estos dos estaríamos llegando a 36 en la provincia, de los cuales 27 son de Rosario", valoró Cococcioni.
De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa.
También se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
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