Gremios y otras entidades respaldaron la intervención y posible expropiación de Vicentin
Los gremios que integran el espacio “Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo” respaldaron ante el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker, la “intervención y expropiación de la cerealera Vicentin” y condenaron y repudiaron sus “reiteradas estafas”, aseguraron dirigentes estatales y de la CTAA.
Lo informaron los sindicalistas de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que lidera el visitador médico Ricardo Peidro, y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Hugo Godoy.
Un documento del sector aseguró que Hecker valoró el acompañamiento sindical y dijo que la situación de Vicentin no representa “un ataque a la propiedad privada, sino la recuperación de una empresa muy importante” para el país.
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Los dirigentes de las organizaciones que suscribieron el “Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo” se reunieron de forma presencial con el funcionario para respaldar “la estrategia oficial de recuperación de Vicentin” y reclamaron “el cobro de la totalidad de los créditos otorgados a la firma por el macrismo”.
El espacio, que también integran dirigentes sociales, empresariales y políticos, realzó “la importancia simbólica y concreta que reviste para los variados sectores del campo popular la intervención y expropiación de la firma cerealera“.
En el encuentro participaron, además de Peidro y Godoy, otros dirigentes estatales y de la CTAA, de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, de la Federación de Inquilinos, del Movimiento de Empresas Recuperadas, del Consejo Productivo Nacional PyME, de la UTEP, la CTEP y de los gráficos.
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Godoy respaldó la posibilidad de intervención y expropiación y la presentación del Banco de la Nación Argentina como querellante en la causa por “la estafa infringida al pueblo por parte de esos empresarios y los funcionarios macristas”.
Claudio Lozano, integrante del directorio de la entidad financiera y artífice de la investigación, advirtió que “la batalla por Vicentin recién se inicia, ya que el juzgado confrontó la decisión del presidente Alberto Fernández y también la decisión del gobierno santafesino y el propio pedido de intervención del Nación”.
Hecker explicó que el objetivo es cobrar lo que Vicentin adeuda a la institución financiera para poder ofrecer más créditos a las pequeñas y medianas empresas, y añadió que la agroexportadora es “un caso testigo” de “una estafa que además afectó la propiedad privada de otros productores, de cooperativas y a los fondos públicos cuando dejó de abonar sus obligaciones, y ello fue entonces permitido”.
Con información de Télam.
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