Santa Fe lanza un plan para aliviar deudas de estatales y jubilados
El gobierno de la provincia de Santa Fe avanzará con un plan integral para reducir el impacto del endeudamiento sobre los ingresos de trabajadores estatales y jubilados. La medida apunta de forma directa a unos 12 mil empleados públicos y 7 mil pasivos que hoy sufren descuentos superiores al 25% de sus haberes por deudas contraídas, y se propone además alcanzar a otros 50 mil trabajadores del sector privado.
El programa, que será implementado por el Ministerio de Economía de Santa Fe, busca intervenir sobre un universo de trabajadores con ingresos de hasta 1,5 millones de pesos mensuales, cuyos salarios se ven fuertemente afectados por el pago de créditos, en muchos casos tomados en entidades no bancarias o en circuitos informales.
El endeudamiento de los hogares se convirtió en uno de los principales factores de preocupación en la provincia. En el ámbito estatal, la problemática cobró visibilidad durante las paritarias de este año, cuando se detectó que una porción significativa de los trabajadores veía reducido su ingreso de bolsillo por descuentos vinculados a créditos.
Según datos oficiales, cerca del 33% de los estatales —unos 35 mil agentes— tiene préstamos otorgados a través del sistema de códigos de descuento, que permite a unas 30 entidades deducir directamente las cuotas del salario. Dentro de ese grupo, unos 12 mil trabajadores sufren quitas superiores al 25% de su sueldo, mientras que el límite legal vigente es del 50%. En una situación similar se encuentran unos 7 mil jubilados.
El financiamiento está concentrado principalmente en mutuales sindicales agrupadas en la Red Mutual y otras entidades como Amep, con tasas que en algunos casos alcanzan un costo financiero total del 120% anual.
El eje: limitar descuentos y refinanciar
El plan oficial, denominado “protección del salario”, establece como punto central la reducción del límite de descuento del 50% al 25% del haber. Para ello, se prevé un reempadronamiento de las entidades que operan con códigos de descuento, que deberán cumplir nuevos requisitos y ofrecer planes de refinanciación a tasas más bajas si desean continuar en el sistema.
Aquellas instituciones que no adhieran a las nuevas condiciones no podrán otorgar nuevos créditos bajo esta modalidad.
En paralelo, los trabajadores cuyos acreedores no acepten refinanciar tendrán acceso a préstamos a tasa cero por parte del Estado provincial, que cubrirán la diferencia entre el descuento actual y el nuevo tope del 25%. Estos créditos serán recuperados a través de descuentos en el medio aguinaldo, que actualmente no está alcanzado por el sistema de códigos.
Otra herramienta será la refinanciación a través del Banco de Santa Fe, mediante una línea especial a 60 meses, con tasas más accesibles y el mismo límite del 25% de afectación del salario.
Alcance al sector privado
El programa también contempla medidas para trabajadores del sector privado. En este caso, se buscará extender las opciones de refinanciación a través del sistema bancario, incluyendo acuerdos con entidades públicas y privadas que ya operan con líneas subsidiadas por la provincia.
Además, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe impulsará mesas de diálogo con empresas para promover la refinanciación de deudas de sus empleados, con incentivos vinculados al acceso a créditos productivos.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo de Santa Fe redireccionará herramientas como el Banco Solidario para asistir a trabajadores con ingresos informales o más inestables.
El plan será implementado mediante decreto y se espera que entre en vigencia durante mayo. En un escenario extremo, donde el Estado deba cubrir la totalidad de las refinanciaciones, el costo estimado alcanzaría los 8 mil millones de pesos en el próximo semestre, aunque esos fondos serían recuperados en el tiempo.
Con esta iniciativa, Santa Fe se convertiría en la segunda provincia del país en avanzar sobre este problema, después de Santa Cruz, en un contexto económico donde el endeudamiento familiar crece y afecta de manera directa el poder adquisitivo de los trabajadores.
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