Santa Fe será prioridad en el nuevo plan contra homicidios
A través de la Resolución 448/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó formalmente el Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencia Relacionada 90/10, una estrategia impulsada por la ministra Patricia Bullrich para disminuir los crímenes violentos en las zonas más afectadas del país.
La iniciativa tiene como eje central focalizar la intervención estatal en el 10% de los municipios argentinos donde se concentran el 90% de los homicidios intencionales, y donde reside el 70% de la población. Dentro de este grupo se encuentran Rosario y Santa Fe, junto con otras ciudades como Córdoba Capital, San Miguel de Tucumán y General Pueyrredón.
Un abordaje integral
Según detalla la resolución, el plan busca "reducir significativamente los niveles de homicidios y violencia relacionada mediante una intervención integral que articule políticas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional".
“El fenómeno de los homicidios en Argentina presenta una distribución geográfica desigual”, sostiene el texto oficial, y subraya que factores como la narcocriminalidad y la marginalidad social han facilitado el control territorial por parte de organizaciones delictivas.
Asimismo, el Gobierno advierte que los homicidios están ligados a otras formas de violencia, como la intrafamiliar o la juvenil, que retroalimentan un ciclo de violencia letal.
Ejes y objetivos del plan 90/10
Entre los principales objetivos de la estrategia, se destacan:
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Desarticular redes criminales que promuevan la violencia letal.
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Recuperar el control territorial en zonas donde el Estado ha perdido presencia.
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Fortalecer a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial, mejorando las tasas de esclarecimiento de homicidios.
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Disminuir la circulación y uso ilegal de armas de fuego.
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Reducir factores de riesgo estructurales, mediante políticas preventivas.
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Fomentar la confianza y cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.
El plan también contempla responder a demandas de inclusión social y prevención, en articulación con los gobiernos provinciales, a partir de evidencia empírica proveniente de fuentes de datos locales.
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