Qué pasa con el hacinamiento y el coronavirus en las cárceles santafesinas
El gobierno provincial dispuso asignar una partida de 15 millones de pesos para reforzar la vigilancia sanitaria en las unidades penitenciarias de la provincia por el coronavirus. Como parte de una estrategia de prevención, 180 operadores sanitarios fueron asignados a la realización de un “mapeo” entre los más de 7 mil internos para detectar quiénes padecen patologías que los encuadren como parte de grupos de riesgo o enfermedades respiratorias. Resta definir qué criterios se aplicarán con respecto a las visitas, que generan aglomeraciones importantes de personas sobre todo en las mayores cárceles de la provincia.
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La preocupación por la situación de los presos en cárceles santafesinas era expresada desde hace días por funcionarios y actores judiciales en distintos puntos de la provincia. Es por eso que el viernes se realizó una reunión para discutir el tema en la ciudad de Santa Fe entre fiscales, jueces, defensores y representantes del Servicio Penitenciario. La misma medida se realiza hoy a las 14.30 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
La asignación de 15 millones de pesos para atender a la situación sanitaria de las cárceles fue confirmada ayer a un medio rosarino por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez. Se trata de una partida que el ministro de Economía, Walter Agosto, remitió a su par de Gobierno, Esteban Borgonovo, el área de la cual depende la Secretaría de Asuntos Penitenciarios que conduce la estrategia de prevención.
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Hasta ayer no existía una decisión tomada desde el Ejecutivo provincial sobre cómo se gestionarán las visitas a las cárceles. Se trata de un asunto sensible, ya que las aglomeraciones de más de 200 personas están prohibidas y en los penales más poblados de la provincia llegan a concentrarse miles de personas entre familiares, amigos y allegados de los internos los días de visita. Y una suspensión lisa y llana del beneficio podría alentar amotinamientos.
La situación de vulnerabilidad de la población carcelaria frente al coronavirus es fruto de preocupación por el alto riesgo que de por sí suponen el encierro, el hacinamiento y las afecciones respiratorias como asma o tuberculosis que padecen muchos internos.