Corrientes: enviaron a un barrio a tribunales por usurpación

Una jueza de primera instancia en Corrientes deberá tomar declaración como imputados a casi 150 vecinos y vecinas de un asentamiento que desde 2016 fueron advertidos por un fiscal de que se instalaron en un predio de la Municipalidad.

La sorpresa invadió esta semana a un sector del barrio San Roque de la capital correntina, cuando 138 residentes recibieron cédulas de notificación de que fueron imputados en una causa por usurpación.

Algunos el 9 y otros el 16 de mayo, deberán ir a los tribunales para declarar ante la jueza en lo Correccional 1, Gabriela Aromí, que tiene en su escritorio un expediente que en 2016 inició de oficio el fiscal correccional Pablo Sosa.

Según el representante del Ministerio Público, este vecindario se formó a partir de una toma de terrenos organizada, pero con el correr de los años la zona fue censada y registrada como barrio popular.

Así lo manifestó Belén Acosta, referente en Corrientes del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

La funcionaria anticipó que se presentará ante la magistrada interviniente para respaldar la posición de los vecinos imputados en la causa.

De hecho, ayer un grupo de residentes se reunió en el barrio con Acosta para poner de manifiesto la situación que atraviesan.

En ese contexto, explicaron que un día antes mantuvieron un encuentro en la Defensoría de Pobres y Ausentes, a cargo de Nora Maciel, quien, según precisaron fuentes del caso, les comunicó que una defensora oficial asumirá la representación de quienes fueron llevados a la Justicia.

“Esta fue una toma organizada, que se concretó en 2016, cuando personalmente me constituí en el lugar y donde no se pudo impedir la usurpación porque incluso había personas armadas”, dijo el fiscal Sosa en un contacto con El Litoral.

Y advirtió: “Todo el expediente está trabajado y resta que declaren para definir sus situaciones legales, ya que el procesamiento implica el desalojo”.

Este asentamiento, desde el 2016 a la actualidad, mantuvo líneas de contacto con el Municipio pero no llegaron a acuerdo alguno.

En ese transcurso de tiempo se mencionó que en la zona donde ahora hay casas y calles internas, el objetivo era habilitar una plaza y una escuela y que, incluso, anteriormente era una cancha que era utilizada, con autorización municipal, por la Asociación de Veteranos de Fútbol. Para el fiscal, no era un descampado abandonado, sino una propiedad en posesión efectiva por parte de la Comuna.

Sin embargo, en el CAJ aseguran que hay derechos constituidos por la Ley de Barrios Populares (Nº 27.453), que amparan a los vecinos que ahora ven peligrar sus lotes.

En razón de esa norma es que algunos cuentan con Certificados de Vivienda, expedidos sobre la base de un registro nacional. Se trata de documentación con la que concurrirán al juzgado de Aromí quienes fueron citados para mayo.

Este caso suma un nuevo capítulo a la efervescencia generada en diversos sectores de la ciudad que son escenario de desalojos y hasta de impedimentos para construir para beneficiarias del plan “Mi pieza”, que sostiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El jueves último, un allanamiento sorprendió en el barrio La Tosquera a una dirigente social que impulsa acciones para frenar los desplazamientos que se generaron con situaciones en las que intervino una agencia de seguridad privada contratada por el Fideicomiso Santa Catalina, que administra la Municipalidad.