Rosario: Piden nueve años de prisión para dos exjefes policiales
Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron penas de nueve años de prisión para dos ex jefes de la policía provincial. Fueron investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Así lo plantean los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, al diario La Capital.
Los acusados son Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54. Además, se les impondría una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos. Aparte, una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.
“facturaban reparaciones de móviles
policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían”
“La pena que solicitamos se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales.
Asociación ilícita
En la acusación presentada, Hernández y Jiménez brindaron detalles acerca de la modalidad delictiva: “facturaban reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron. Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.
Condenados
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.
Denuncia anónima
“La investigación la inició el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el MPA quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, Maximiliano Pullaro. En su denuncia, el funcionario indicó que se informó de las maniobras ilícitas a partir de un documento anónimo dejado en un sobre cerrado.
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