Allanaron viviendas en Salta por contactos virtuales vinculados al ataque en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

La investigación por el ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal sumó un nuevo capítulo con allanamientos realizados en la ciudad salteña de Tartagal, donde la Justicia secuestró dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, las medidas fueron solicitadas por la fiscalía santafesina tras detectar posibles contactos virtuales entre un adolescente de 16 años de Tartagal y el menor involucrado en el episodio ocurrido en Santa Fe.
De acuerdo a lo comunicado oficialmente, la pesquisa apunta a una posible red de agitadores virtuales que mantenían interacción mediante aplicaciones digitales. Sin embargo, aclararon que el adolescente salteño no se encuentra imputado y que, por el momento, solo se dispusieron medidas preventivas y de protección.
En el marco del operativo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro de dispositivos electrónicos que serán analizados por la Fiscalía de Santa Fe. Además, intervino la Asesoría de Incapaces y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia debido a que las actuaciones involucran a menores de edad.
También se dispuso una consigna policial fija en el domicilio del adolescente y se realizó una audiencia ante el Juzgado de Menores de Tartagal, con participación de sus padres, representantes del Ministerio Público y del asesor de Incapaces Juan José Andreu.
Fuentes judiciales indicaron que el joven ya se encontraba bajo tratamiento psicológico por problemas familiares previos. Durante la audiencia, sus padres se comprometieron a profundizar el acompañamiento psicológico y eventualmente psiquiátrico, además de realizar una evaluación médica integral. Para ello deberán presentar documentación en un plazo de siete días.
Como parte de las medidas adoptadas, el adolescente no asistirá temporalmente a clases presenciales y continuará su escolaridad de manera virtual para garantizar su derecho a la educación y evitar posibles conflictos con otros estudiantes o familias.
La causa permanece bajo estricta reserva judicial por tratarse de menores de edad y por la existencia de víctimas vinculadas a la investigación.
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