Pagó su departamento y deberá esperar ocho años para que se lo entreguen: crece el conflicto con Pilay
El conflicto entre ahorristas de Pilay y la empresa, comenzó a destapar una olla a presión con nuevas denuncias y más damnificados. Inversores que completaron el pago de sus planes denuncian demoras en la adjudicación y entrega de viviendas, mientras que algunos casos ya avanzan en la Justicia con medidas cautelares.
El caso de Alexandra Llados vale como un modelo que se replica entre muchos otros ahorristas. Llados cumplió con las 240 cuotas que el sistema exige en agosto de 2025, tras dos décadas de aportes. Antes de finalizar el plan había intentado conocer el destino de su unidad, pero desde la empresa le indicaron inicialmente que no podían definir la adjudicación hasta completar el pago. Sin embargo, una vez finalizado, la situación no se resolvió como esperaba. Llados señaló que recién en octubre participó de un sorteo y que luego recibió una notificación formal con una propuesta que la sorprendió.
“Me dijeron que me iban a adjudicar una unidad en Santomás, pero de aquí a ocho años”, afirmó, con el detalle de que debía continuar pagando cuotas durante ese período, con valores elevados y ajustables. Ante esa alternativa, sostuvo que le resultaba inviable por cuestiones laborales y de distancia, ya que el desarrollo está ubicado fuera del centro de Santa Fe.
La damnificada también cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de la empresa. Indicó que, tras insistir en reuniones, le ofrecieron como alternativas un terreno en la misma zona o ingresar a una lista de espera en caso de que otros adjudicatarios desistieran. “Esa fue la única solución que me dieron”, resumió.
En ese contexto, Llados entendió que debía avanzar por la vía legal. Su representante, el abogado Marcelo Lógica, encuadró el caso dentro de un conflicto más amplio que afecta a numerosos ahorristas. Si bien reconoció que el contrato establece que el pago total no implica la entrega inmediata de la vivienda, advirtió que en la práctica los plazos se han extendido de manera significativa.
“El contrato dice que tienen que darte una ubicación y un plazo para terminar la obra, pero hoy no hay certeza”, sostuvo. Según explicó, históricamente las adjudicaciones se concretaban en un lapso cercano a los 18 meses, algo que —según afirmó— ya no se cumple.
El letrado confirmó que iniciaron una demanda judicial basada en la normativa de defensa del consumidor. En ese marco, lograron trabar un embargo preventivo tomando como referencia el valor actualizado del plan. No obstante, la medida fue sustituida por un inmueble ofrecido por la empresa, lo que derivó en una nueva instancia de discusión judicial.
“Te sustituyen por algo que no vas a poder cobrar fácilmente”, cuestionó Lógica, quien además señaló la falta de claridad sobre el destino de los fondos aportados por los ahorristas. En ese sentido, consideró necesaria una auditoría para determinar cómo se administraron los recursos.
El abogado también fue crítico respecto del funcionamiento general del sistema en el contexto actual. “Hoy parecería que necesitan nuevos aportes para sostener lo anterior”, advirtió, y no descartó un escenario de mayor gravedad si la situación se profundiza.
Mientras tanto, desde el grupo de damnificados sostienen que el problema no es aislado. Según Lógica, existen más de mil juicios vinculados a situaciones similares en la provincia de Santa Fe, lo que da cuenta de la magnitud del conflicto.
En este escenario, los ahorristas insisten en una solución concreta: la entrega de las viviendas en condiciones acordadas o la devolución actualizada del dinero invertido.
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