La EPE llevará a la Justicia los fraudes con tarifa social en casas de lujo
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe inició una depuración del padrón de beneficiarios de la tarifa social y detectó más de 15.000 casos con irregularidades, que podrían constituir fraude al Estado. Así lo anunció este martes la presidenta del organismo, Anahí Rodríguez, quien confirmó que todos estos casos serán denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según explicó la funcionaria, los responsables de las maniobras detectadas enfrentan consecuencias judiciales además de la pérdida inmediata del beneficio. Entre las anomalías figuran usuarios fallecidos, viviendas ubicadas en barrios de alto poder adquisitivo, propiedades en alquiler, locales comerciales y personas inscriptas en IVA y Ganancias, lo que las excluye de la tarifa social. Incluso se registraron jubilados que continuaban figurando como beneficiarios en domicilios donde ya no residían.
Los ejemplos relevados muestran la magnitud del desfalco. En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó solo $17.584 sobre una factura de $720.000, mientras que el Estado absorbió más de $700.000. En otro caso, en un barrio residencial, un usuario pagó poco más de un millón de pesos, con el Estado cubriendo otros $448.000. Solo en abril se detectaron 13 usuarios con consumos superiores a 5.000 kW, generando un gasto estatal de más de $4,6 millones.
Rodríguez detalló que el mecanismo de otorgamiento de la tarifa social, basado en declaraciones juradas y manifestaciones patrimoniales, facilitó estos abusos. “Estamos hablando de ingresos públicos, de recursos de magnitud muy grande. No vamos a vacilar en los procesos administrativos o judiciales que correspondan”, enfatizó.
La titular de la EPE afirmó que los controles se vienen intensificando desde hace 18 meses, pero que recientemente se focalizaron en este beneficio. “El esfuerzo de los santafesinos no puede financiar privilegios ni abusos”, sentenció.
La tarifa social de la EPE está pensada para hogares de bajos ingresos, con el objetivo de garantizar el acceso a la energía eléctrica. En ese sentido, el gobierno provincial busca optimizar la asignación de recursos y asegurar justicia distributiva.
Rodríguez adelantó que las auditorías continuarán en las próximas semanas y serán aún más exhaustivas para asegurar que el subsidio llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
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