San Lorenzo: trabajadores exigen la habilitación ambiental de la planta IDM
El sindicato reclama que la provincia destrabe el documento que permite el funcionamiento de la empresa. "Eso permitirá que nos paguen los salarios" aseguran
Los trabajadores de la planta IDM San Lorenzo se manifestaron este martes en el acceso norte a Puerto General San Martín, en una nueva jornada de visibilización por la crítica situación de la empresa, dedicada al tratamiento de residuos peligrosos. La planta opera actualmente de manera limitada y los empleados perciben apenas el 65% de sus salarios, a la espera de que el Gobierno provincial habilite nuevamente las claves ambientales que permiten su funcionamiento.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo, Julio Barroso, sostuvo que la situación “es insostenible” y pidió una solución inmediata: “Le pedimos al gobernador Maximiliano Pullaro que le devuelva a la empresa la clave para poder tratar los residuos y que la gente pueda trabajar. Si hay algo que corregir, que se corrija, pero con la fábrica funcionando y los trabajadores cobrando el cien por ciento del sueldo”.
IDM se dedica al tratamiento de residuos industriales peligrosos generados por fábricas, farmacéuticas, empresas de servicios y de energía, con el objetivo de neutralizar su impacto ambiental. Barroso explicó que la falta de habilitación impide a la planta emitir los certificados de disposición final, necesarios para acreditar que los residuos fueron tratados correctamente: “Cada empresa necesita un manifiesto que acredite que su residuo fue tratado. Si IDM no tiene la clave, no puede recibir los residuos, y eso paraliza todo el proceso”.
El dirigente advirtió que la situación afecta a unos 120 trabajadores y subrayó la importancia ambiental de la planta: “Solo se trata el 14% de los residuos peligrosos en la provincia. No podemos permitir que una fábrica que se dedica a eso esté parada. Es necesaria para el medio ambiente y para las comunidades del cordón industrial”.
Desde el sindicato aseguraron que no intervienen en las diferencias entre empresa y autoridades, pero exigieron destrabar la situación para garantizar la continuidad laboral y el pago total de los salarios. Barroso concluyó: “Provincia y empresa se tiran la pelota, pero en el medio hay familias que necesitan trabajar para vivir”.