El presidente de Vicentin quedó en libertad

Omar Scarel fue imputado por presunta desobediencia de una cautelar que prohibía la venta de activos de la empresa.

El juez penal Nicolás Foppiani decidió este miércoles por la tarde que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, quede en libertad.

El directivo estaba detenido desde el lunes acusado por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de desobedecer una cautelar judicial que le ordenaba al grupo económico no poder vender activos ya que, para los fiscales, la empresa demandada en abril el 33% de sus acciones en la aceitera Renova la multinacional cerealera Viterra.

Scarel quedó imputado y podrá seguir la libertad mientras avanza la investigación sobre su presunta desobediencia a la disposición judicial Eso si, Foppiani le puso una cautelar de 500 mil dólares a aplicar en 30 días y ampliando la que ya tenía -junto a todo el directorio- por 10 millones de dólares en el marco de las imputaciones que acumulan por estafa y administración fraudulenta..

SI bien el proceso sigue, el juez dijo que le “cuesta creer pensar una maniobra tan burda” como la denunciada por los fiscales “cuando el proceso está a la vista de todos”.

Golpe a golpe

La audiencia arrancó al mediodía en el Centro de Justicia Penal con el fiscal Sebastián Narvaja mostrando un contrato de venta del 33% de las acciones de Vicentin a Viterra firmado el 28 de abril de este año por 310 millones de dólares. Y denunció que esa operación fue en abierta “desobediencia consumada” de la prohibición de venta de activos de Vicentin firmada por el juez Foppiani el 18 de septiembre de 2020.

A su turno, Omar Scarel tomó la palabra y aseguró que Vicentin no vendió esas acciones. “Fue un acuerdo de transferencia sujeto a condiciones”, dijo. Y resaltó que, entre esas condiciones, estaba el levantamiento de las cautelares penales y administrativas.

Scarel contó que la venta de acciones se pensó para mejorar la oferta de pago a proveedores. Y detalló que esa posibilidad fue informada en el concurso y avalada por directores y por sus accionistas en asamblea. Y enfatizó que tenía plazo hasta la audiencia del 22 de junio para presentar ante el juez del concurso toda la oferta condensada. También explicó que la venta se pensó para mejorar la oferta de pago teniendo más efectivo inicial a ofrecer a los acreedores, “siempre a referéndum de la homologación concursal y el levantamiento de cautelares”.

Tras el rechazo de la imputación por parte de Scarel, tomó la palabra el fiscal Miguel Moreno y acusó de “ilusionista” al ex presidente de Vicentin por “mostrar cosas que parecen ser otras cosas”, y relató toda una serie de maniobras del titular de la defaulteada que “muestra su peligrosidad procesal” y por eso pidió su “encierro cautelar”. Scarel fue detenido el lunes y paso toda la audiencia con una policía armada pegado a su lado.

Luego el fiscal Narvaja presentó una serie de documentos (2.500 páginas) sobre la propuesta de pago a acreedores y las compra venta de acciones de Renova por parte de Vicentin a Viterra, entre ellas un texto firmado por Scarel adónde se informa “la aceptación irrevocable de la oferta de compra”, denunciando que su forma de presentación tuvo como objetivo “generar confusión” y ocultar que, en rigor, la compra venta de acciones de Renova y el acuerdo de acreedores “son dos instrumentos independientes”.

“Lo difuso y confuso de la información y presentación fue para ocultar la venta irregular de sus acciones de Renova, algo que estaba prohibido por una resolución judicial”, denunció el fiscal Narvaja. “Ese fue el truco del prestidigitador”, sentencia.

Según detalló el fiscal, el supuesto engaño estuvo centrado en el uso de una fecha de cierre (abril, para la venta de acciones) y un acto de cierre (julio, del concurso) distintos, pero que en su lectura buscan y presentación confusa hacerse pasar por lo mismo. “Se buscó ocultar la compra-venta. Según el código, para que haya una compra venta hace falta asumir obligaciones de entrega y pago”, agregó.

Narvaja también hizo hincapié en que en las condiciones de la venta a Viterra, que fueron 14, nunca se dijo que estaba sujeto a aprobación concursal. “Hay que ver las cosas como son y no como dice Vicentin que son”, dijo finalmente Narvaja. Por el contrario, detalló que en otro caso en el que también se proponía vender acciones, cómo fue el caso de Petropack, sí estuvo claro en la documentación que la operación estaba sujeta a condiciones como el levantamiento de cautelares. La diferencia, entendió el fiscal, es que Renova es “la joya de la abuela”, en el patrimonio del defaulteado grupo agroexportador.

Y a su turno, el fiscal Moreno comparó el caso de Scarel con el de Cristóbal López, a quien se le dictó la prisión preventiva por enajenar acciones de compañías en su poder rigiendo una medida judicial que se lo impidió.

Scarel escuchó toda la imputación sentado junto a sus abogados y escoltado por un policía que estuvo parado siempre a su lado. Llegó a tener dos policías controlándolo. A la audiencia asistieron también ex importantes directivos de Vicentin en señal de respaldo al titular de la aceitera.

Querellantes

Luego de un cuarto intermedio, entre las 15 y 15.30, se retomó la audiencia con la exposición de la querella y de la defensa, previo a la definición del juez que llegó a las 18.

A su turno, la abogada de la empresa querellante Commoditie (acopio del grupo Grassi SA), Viviana Cosetino, denunció que Vicentin nunca dejó en claro a los acreedores granarios que el pago de la deuda estaba supeditado al levantamiento de una cautelar judicial que prohíbe la venta de renovación. “Prometieron que iban a pagar la primera cuota de 30 mil dólares el primero de julio oa los 10 días de homologado ella concurso. ¿De dónde iba a salir la plata si la empresa no se podía vender esas acciones por la cautelar? O bien iban a violar la cautelar o iban a volver a estafar a los productores cómo lo hicieron cuando recibieron granos que sabían que no iban a pagar el mismo día que declararon el default”, dijo la abogada.

Luego, el abogado Gustavo Feldman, representante de la firma querellante Olsen, hizo referencia a que la maniobra de engaño era imposible de detectar por los acreedores que suscribieron el acuerdo. “Si cinco abogados de la Fiscalía se prepararon semanas leyendo las 2.500 páginas, era obvio que los productores y Acopiadores no lo iban a poder detectar”, dijo.

Un tema que sacaron a relucir los querellantes es que mientras que Vicentin ganó el 16 por ciento de Renova (en las horas previas a su default en 2019) a Viterra en dólares billete, no se entiende como la venta ahora del 33% por ciento se pactó en pesos al tipo de cambio oficial, cuando hay una fuerte brecha cambiaria. En ese sentido, tanto los fiscales como los querellantes señalaron que si la empresa quiebra, la venta del 16 por ciento entra en periodo de sospecha y debería ser revisada.

El turno de la defensa

Tras las palabras de los querellantes, llegó el turno de la defensa. El abogado Jorge Ilharrescondo arrancó denunciando que los querellantes, con la anuencia de los fiscales, están buscando trabar la resolución concursal por la vía judicial.

“Promueven una investigación penal de una cuestión estrictamente comercial”, dijo. “No es casualidad que se lo detenga a Scarel a 15 días de lograr la adhesión mayoritaria de los acreedores a la propuesta de pago”, se quejó. “Los querellantes de la firma Commoditie, que es el grupo Grassi, quieren la prisión preventiva de Scarel como pena anticipada porque rechazan la oferta y apuestan el cram down”, enfatizó. “Pero cómo no tienen éxito en el proceso concursal, quieren embarrar el concurso con el proceso penal como si el fuero penal fuera una suerte de control al proceso concursal”, insiste Ihlarrescindo. Y fue ahí que hizo notar que los bancos internacionales -que es el grupo acreedor más importante y con recursos para analizar en detalle los contratos- no se sumó a la querella en este incidente. ”

La defensa de Scarel -de la que participó Daniel Cuenca, Juan Lafontana y Guido Ferullo- rechazó de manera terminante la acusación haciendo siempre énfasis en que, además de la cautelar, la propia ley de concurso y quiebra inhibe a la concursada a desprenderse de activos .

Los defensores también resaltaron que siempre en la propuesta de pago a los acreedores (que incluía repartir el producido de la venta del 33% de las acciones de Renova) siempre se aclaró que sus términos contractuales eran sujetos a aprobación de las mayorías, homologación concursal y levantamiento de las cautelares. De esa forma, resaltaron que todo lo actuado está ajustado a derecho.

En ese marco, la audiencia se informó que el martes por la noche los estudios de abogados durante de Viterra y de Renova enviaron, cada uno por su parte, correos electrónicos a los fiscales en los que dicen que no está notificado e informado el traspaso accionario, que además está sujeto a condiciones, reforzando así la posición de la defensa.

Palabra del juez

Tras un receso, a las 18 el juez Foppiani tomó la decisión de rechazar la prisión preventiva, pero le puso una caución de 500 mil dólares. De esa forma, Scarel salió en libertad y los fiscales tampoco se fueron con las manos vacías. Además, dijo que cualquier modificación requiere el expreso pedido de autorización judicial.

Y si bien aclaró que no le compete definir por la cuestión de fondo (si se incumplió o no la cautelar), su opinión estuvo del lado de los argumentos de la defensa.

“Me parece un delito imposible”, dijo para argumentar que todo el proceso fue muy público, con muchas instancias oficiales de observación y control. “Difícil pensar que haya ocurrido. Cuesta creer algo tan burdo como haber vendido acciones cuando rigen las inhibiciones”, resaltó. Y también dejó su advertencia de “intentar llevar a cabo cuestiones penales que deben resolverse en los fueros comerciales”. No obstante, se permitió criticar la redacción confusa de muchas partes de los contratos elaborados por Vicentin en lo que respeta a su propuesta de pago.

Scarel suma así una nueva imputación, ya que comparte con el resto del directorio que estaba al comando cuando estalló la crisis la imputación por estafa y administración fraudulenta. Pero con su salida vuelve al ruedo el proceso de negociación con acreedores, que se interrumpió con su paso tras las rejas, y ahora la empresa tiene hasta fin de mes para lograr un acuerdo de acreedores.