Javkin aportó un dato clave que desató siete allanamientos y una investigación por lavado

La jueza en lo criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Alliud, ordenó esta semana siete allanamientos contra domicilios del grupo financiero que encabeza el empresario rosarino Guillermo Whpei en el marco de un conjunto de denuncias por estafa, asociación ilícita y lavado de activos que le inició el fondo de inversión TMF a partir de un incumplimiento contractual por 952 millones de pesos.

Y la llave para que se puedan realizar los allanamientos fue la sorpresiva respuesta de la Municipalidad de Rosario a un requerimiento judicial, ya que si el Palacio de Los Leones no aportaba un dato clave la causa, iniciada a principios de este año, tenía destino de freezer.

Es más, ahora la situación se complicó seriamente para los financistas rosarinos, que enfrentan denuncias por delitos que tienen penas de hasta 10 años de cumplimiento efectivo. Y además se le cortaron ingresos mensuales por casi 30 millones de pesos

Los allanamientos

Siete brigadas de la división Anti Fraude de la Policía Federal llegaron el martes desde Buenos Aires, junto con personal de la fiscalía porteña a cargo de Laura Belloqui para realizar cinco allanamientos en Rosario con amplio despliegue, mientras otros dos se realizaron en la capital federal. En total se llevaron 30 cajas con documentación vital para la causa, como libros societarios y documentos comerciales.

• Santa Fe 870, Rosario (oficina comercial de atención al público de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales)
• Santa Fe 1127, Rosario (domicilio oficial de Lancers, una financiera del grupo, conectado por dentro con el domicilio de Santa Fe 1133 – Palacio Fuentes)
• Santa Fe 1133 -Palacio Fuentes, Rosario (sede del Grupo Unión.)
• San Lorenzo 1358, Rosario (oficina comercial -sin uso- del Grupo Unión.)
• San Martín 835, Rosario (oficina comercial de Flash Cash, marca comercial del Grupo Unión)
• Calle Martha Salotti 450, piso 3° depto. “E”, Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires. (domicilio oficial de LANCERS – depto. de los WHPEI)
• Calle Rosario 300, piso 7°, ciudad de Buenos Aires (domicilio oficial del fideicomiso AMP, que tendrá un protagonismo especial al final de esta historia)

Durante los allanamientos que duraron unas 12 horas, y en las que no hubo participación de autoridades judiciales locales, los agentes no ocultaron su sorpresa por el laberinto subterráneo del Palacio Fuentes.

Pero para los abogados de los Whpei los allanamientos fueron meras maniobras publicitarias ya que, sostienen, toda la información que buscaron la hubiesen girado sin problemas. Incluso aseguran, que mucha de esa información ya está disponible en las distintas oficinas del Gobierno nacional.

El inicio de la causa

El 20 de marzo de 2018 la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales acordó la venta de su cartera de préstamos a la filial argentina de TMF Trust Company, una firma global que administra negocios financieros.

Una vez cerrados los contratos de traspaso, los créditos fueron transferidos por la mutual a un fideicomiso financiero privado llamado Double Blue Argentina Crédit Turst II, que tenía como fiduciario (administrador) a la propia TMF. El Fideicomiso pagó por adelantado el total del precio a la mutual por los créditos cedidos por 865.900.000 de pesos.

Como la mutual opera con los códigos de descuento del sector público, Municipalidades y Provincias le informan a los bancos en los que depositan los sueldos y haberes qué descuento le deben hacer de sus ingresos a los tomadores de créditos.

Por uso y costumbre en estas operaciones de compra de carteras, que son muy frecuentes, el dador original sigue recibiendo el dinero del deudor (y cobra una comisión por el servicio) y luego le envía los fondos al comprador de la cartera, en este caso TMF. En este caso, la mutual quedó con la obligación de seguir recibiendo cada uno de los 25.000 pagos de los créditos individuales, y re-enviarlos mensualmente al fideicomiso Doubleblue.

TMF también le compró a la financiera Lancers su cartera de crédito, que también fue al fideicomiso Double Blue pagándole por adelantado $ 137.900.00.

¿Y la plata?

Pero TMF detectó que en marzo de 2020 los pagos tanto de la mutual como de Lancers dejaron de cumplirse, "lo cual inicialmente provocó reclamos oficiosos". Según los denunciantes, "la negativa de pago fue fundada en la cuarentena". Para el 5 de mayo del año pasado, los denunciantes calculaban que la deuda de la mutual con ellos sumaba $66.936.211.

Tras el cruce de cartas documentos, el grupo inversor inició primero un reclamo comercial ante el juez comercial número 21 a cargo de Diego Paz Castañeda contra la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales y la financiera Lancers.

Pero al detectar que los tomadores de crédito seguían igual abonando las cuotas, presentaron una denuncia penal por fraude que recayó en el fuero de Alliaud. La demanda original contra la mutual fue por $505.913.065, pero para agosto de 2021 el cálculo es de $925.000.000. En tanto, el impago de Lancers acumuló en agosto $90 millones.

La hipótesis de TMF es que los Whpei desviaron ese dinero para pagar deudas defaulteadas en dólares con un fondo financiero (Earl Street Investement, propiedad de Gramcery) y con bancos provinciales del grupo Eskenazi tomados en tiempos de la bicicleta financiera del macrismo, cuyas devaluación de 2018, los agarró con pesos en la mano y por eso habrían quedados descalzados.

¿Cómo la mutual pudo lograr saltar la barrera del fideicomiso, que dejó en manos de TMF la administración de los créditos cedidos? Los denunciantes apuntan que lo podría haber logrado a través de la persona designada para el cobro a un contador porteño que se llama Adalberto Oscar Perraud, y por eso le imputaban la posible comisión del delito de administración fraudulenta al haber violado los deberes a su cargo perjudicando los intereses de TMF al no entregarle a esta el dinero percibido por los créditos.

Primer round a favor de los Whpei

Fue así que, con las cuentas embargadas, el juez Alliaud llamó a declarar en abril de 2021 en Buenos Aires a los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, junto con todos los directores del grupo (Marcelo Broardo, Adalberto Perroud, Angélica Galliano y Marcelo Marrau).

Durante las declaraciones, todos los directores coincidieron en repetir el argumento original: que los clientes les habían dejado de pagar por los embates del coronavirus: ya sea por enfermedad, muerte, por haber sido despedidos o tener que haber cerrado sus negocios en cuarentena.

Y sumaron otro argumento: por razones humanitarias usaron de emergencia el poco dinero recaudado para multitudinarias compras de barbijos y alcohol en gel que donaron por todo el país apenas inició la cuarentena. En definitiva, la estrategia era mostrar el faltante como deuda comercial y no como un fraude penal, como sostenían los denunciantes.

Además, los financistas pusieron dos cuestiones sobra la mesa que consiguieron llamar la atención del juez: reconocieron toda la deuda que los demandantes exigían porque, insistían, no lo estaban cobrando y, que en cuanto, se recupere la actividad abonarían su pasivo.

Y el otro dato era que, en efecto, en la cuentas de recaudación de los pagos por los créditos de la mutual y de Lancers (que habían sido embargadas) había muy poco dinero ingresado sin registros de retiros indebidos. Además, tampoco habia indicios de que el contador apuntado para el cobro hubiese desviado el dinero, como especulaban los denunciantes.

En definitiva, no había indicios certeros de que los Whpei estuvieran cometiendo un delito penal y todo parecía una deuda comercial. Fue así que la magistrado dictó, antes de la feria judicial de mediados de año, la falta de mérito a todos los involucrados. Y los financistas rosarinos –que no fueron sobreseídos pero si zafaron de ser procesados- se volvieron muy satisfechos a Rosario con el round ganado.

Pista rosarina

Pero en el fondo TMF seguían sospechando que no había un retraso en los cobros y que, por el contrario, estaban siendo víctimas de una estafa. Fue así que armaron un call center que empezó a contactarse con deudores y detectaron muchos casos en los que los pagos eran normales porque se los seguían descontando de sus recibos de sueldos.

Pero se mantenía el interrogante: ¿A dónde iba la plata si las cuentas a las que Municipios y Provincias depositaban el dinero descontado de los sueldos estaban embargadas y con escasos ingresos? Fue así que pidieron en agosto pasado a la Justicia que dicte oficios a los gobiernos y bancos que descontaban los sueldos en busca de seguir el rastro de los fondos.

Las respuestas que llegaron de Santa Fe, Tucumán, Rio Negro, Chubut, Neuquén, adonde los Whpei operan mutuales con códigos de descuentos, no ofrecieron novedades. Pero la nota que llegó en agosto de la Tesorería de la Municipalidad de Rosario cambió todo.

Resulta que informaron que semanas antes de que empiece el conflicto (julio del año pasado), desde la Mutual le pidieron que cambien las cuentas a las que les giren el dinero descontado de haberes y sueldos, una atribución que tiene la mutual y que legalmente la administración local debe obedecer.

Fue así que a raíz de la respuesta del Palacio de Los Leones, que informó hasta el número de la cuenta al que le pidieron que haga el depósito de los descuentos, se reactivó la causa penal porque ahí aparecía el indicio de que los Whpei podrían estar desviando los fondos.

¿A qué cuenta les habían pedido que depositen el dinero? A una del fideicomiso AMP, que la Justicia allanó el martes en la ciudad de Buenos Aires porque ahí tiene sede y que está vinculado al grupo Whpei. Un fideicomiso, administrado por Miguel Mazzei, que tuvo una constitución a las apuradas en julio del año pasado (con papeles todavía pendiente de autorización), justo antes de que la causa penal y comercial empiece a tomar vuelo en su contra.

Es que la hipótesis de los denunciantes es que el año pasado enterados (extraoficialmente) de que se venían los embargos, armaron el fideicomiso AMP a las apuradas, al cual los directivos de la mutual le están enviando (al menos la Municipalidad de Rosario) todo el dinero desde Julio 2020 en adelante. Fideicomiso que recién se inscribió en la Afip en septiembre y octubre de 2020 para obtener el CUIT y su registración en los respectivos impuestos.

Denuncia por Lavado

Con esa revelación en la mano, TMF presentó en septiembre una nueva denuncia penal ampliando la original (por estafa) para acusarlos de “desbaratamiento de derechos acordados” (que tiene pena de hasta 6 años de prisión efectiva), asociación ilícita (con penas de 10 años) y lavado de dinero de origen ilícito (tiene hasta 10 años de prisión).

¿Por qué lavado? Según los denunciantes, el dinero que desapoderan al fideicomiso DoubleBlue (los pagos mensuales de los miles de créditos cedidos) habría sido transferido a una entidad pantalla (fideicomiso AMP); y de allí los Whpei envían dinero para pagar deudas con lo que utilizan y reinsertan en el circuito financiero dinero proveniente de un delito.

Y fue así que la Justicia ordenó los allanamientos realizados en esta semana que termina. La contundencia de la información complica ahora al grupo Whpei porque el juez tiene documentos que pueden hacer caminar el proceso por estafa. Pero además del frente penal se le complica el financiero. Es que el viernes la Municipalidad dejó de hacer el aporte de los descuentos a las cuentas que había enviado Whpei, por unos 24 millones de pesos, y los hizo a las de la mutual que, bajo tutela judicial, traslada ese ingreso a TMF.

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