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Pidieron por una Vicentin pública con “control social”

Un grupo de intelectuales, dirigentes políticos y referentes de Derechos Humanos calificaron este jueves de “histórica” la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir el Grupo Vicentin. Y pidieron que la empresa sea “pública” y con “control social”.

“Celebramos la histórica decisión de intervenir Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de expropiación”, sostuvieron los intelectuales. Y calificaron esa disposición de “irreprochable desde todo punto de vista”. Además de ser “la más trascendente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983”.

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Ir a fondo

“Aspiramos -y no hay motivos para dudarlo- a que la intervención vaya a fondo en cuanto a investigar y comunicar a la opinión pública las irregularidades. Y a la vez, tan importante como investigar será comunicar todo lo que se encuentre dentro de esa autentica caja de pandora”. Haciendo clara referencia a la empresa y grupo Vicentin y sus socias y conexiones, públicas o secretas.

Al respecto, los intelectuales pidieron que se informe a la sociedad día a día “y en forma objetiva y transparente. Evitando todo tipo de operaciones mediáticas como las que siempre organiza, patrocina y difunde la derecha política y económica del país“.

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Argentinización

También alertaron sobre “cualquier tipo de operaciones tendientes a acotar la profundidad de la intervención. Con el oscuro fin de abrir paso a cualquier falsa ‘argentinización’ de la empresa. Como podría hacerse -y ya se aprecian buenas razones para sospechar de ello- poniendo a la cabeza a dos o más conocidos grupos monopólicos alimenticios nativos consociados. Los que de ninguna manera serían parte de la solución sino parte del agravamiento del problema”.

Además, pidieron que la conducción de Vicentin sea compartida por “las cooperativas, los productores y los trabajadores”. Con directores que “deben comprometerse a un código de ética estricto, que impida la renovación de mandatos en forma indefinida; la prohibición de nombrar familiares; la obligatoria declaración jurada de bienes; la asignación de sueldos que no excedan más de tres veces lo que gana un trabajador medio de la planta, y un compromiso expreso de no nombrar a directores que tengan conflicto de intereses”.

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Entre los firmantes están Claudio Lozano, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Mónica Polidoro, Pino Solanas, Ana Galmarini, Ricardo Forster, Fernanda Vallejos, Gabriel Mariotto, María Inés Pillati Vergara, Leopoldo Moreau, Victoria Donda, Juan Grabois, Jorge Rachid, Alcira Argumedo, Itai Hagman, Adolfo Perez Esquivel, Nora Cortiñas, Juan Carlos Alderete, Letizia Quagliaro y Leonardo Grosso, entre otros.

Con información de Télam

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