Por orden de Saín, las comisarías no recibirán más presos
Mediante un relevamiento ordenado hace tres meses, el Ministerio de Seguridad declaró el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio santafesino. A través de la resolución 0665, el ministro Marcelo Saín instruyó a los encargados de las dependencias policiales que no reciban más detenidos hasta que no se adecúen las capacidades de alojamiento en esos lugares.
De acuerdo a la investigación realizada desde marzo, hay un total de 723 personas están presas en distintas unidades regionales, lo que supera ampliamente, expresa la resolución, las 664 plazas disponibles en las reparticiones policiales. El problema es especialmente crítico en el departamento La Capital. La Unidad Regional I tiene 131 plazas y casi el doble de detenidos, que suman 250.
Los otros departamentos complicados son General López, con un exceso de 27 internos; Castellanos con 21 presos más que los permitidos; y San Jerónimo con 13 personas más que los lugares disponibles.
Lo que a Rosario le permite tener cierta comodidad numérica es la nueva alcaidía de 27 de Febrero al 7800, primer sitio al que son llevados los detenidos antes de las audiencias imputativas y al que regresan después del trámite judicial.
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El relevamiento ordenado por Saín arroja que la cifra de personas en penales policiales vuelve a ser muy alta y que a la luz de las estadísticas no es posible prever que el número se reduzca. “Por eso deberá el Poder Judicial, a través de sus actores, ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer en cada caso sus decisiones de oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de libertad”.
Según indica El Litoral, en la resolución 0665 del Ministerio de Seguridad, Saín recuerda también que la permanencia de presos en dependencias policiales hace que deban destinarse recursos humanos y materiales al cuidado de presos, lo que no es una función propia del servicio policial.
Y que la decisión de no recibir más presos en lugares policiales va en sintonía con garantizar los derechos de los detenidos.