Subió el número de inquilinos que no pudo pagar el alquiler

El impacto de la paralización de la economía en el contexto de la cuarentena sobre el pago de los alquileres de vivienda es enorme. De acuerdo a datos provistos por inmobiliarias y corredores, detectaron que uno de cada cinco inquilinos no pudo abonar el canon correspondiente a abril.

Las cifras surgen de una encuesta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, que indica que la morosidad de inquilinos en locaciones de vivienda al 15 de abril se ubicó en el 19 por ciento. El valor oscilaba entre el 5 y el 8 por ciento en los últimos tiempos, lo que promedia un 6,5 por ciento. Estos contratos son unos 47.800 en toda la ciudad.

En tanto, en alquileres comerciales (locales, galpones e industrias), que son unos 11.200, llegó al 32 por ciento, cuando en meses anteriores se había registrado entre un 12 y 14 por ciento, es decir un promedio de 13 puntos.

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Dificultades

“Son números positivos para este mes. Pero si sigue la imposibilidad de circular, probablemente para mayo se incrementen”, dijo Sebastián Dib Kai, presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), que también hizo un sondeo propio para la federación nacional que las nuclea (Fira) y que arrojó resultados similares e incluso muestra que las realidades son parecidas en otras grandes ciudades del país.

En ese sentido, temen que la incapacidad de pago se endurezca en mayo, porque muchos sectores no están trabajando y no tienen ingresos. “En principio repercute en la parte comercial, y posteriormente va a impactar en las viviendas, si la gente no cobra sueldos”, pronosticó Dib Kai.

Según cifras oficiales, el 20 por ciento de los rosarinos alquila el lugar donde vive. Y muchos hoy están teniendo problemas para separar a principios de mes el dinero que asegura el techo. “El locatario en su gran mayoría es de cumplimiento ejemplar. Lo primero que ha hecho este mes es pagar el alquiler”, dijo el titular de Cadeiros.

Por eso, sostuvo que existen conversaciones “día a día”, lo que también representa en algunos casos esfuerzos de los propietarios, en especial en comercios. “Saben que si el inmueble se desocupa no se volverá a alquilar por varios meses, por lo que prefieren perdonar el mes de alquiler y que el inquilino pague los impuestos y las expensas”, ejemplificó Dib Kai, para quien “nadie se aprovecha de nadie” en este contexto.

Sin embargo, y aunque desde Cadeiros dijeron que se trata de entidades no habilitadas o acuerdos sin intermediación profesional, en los últimos días se conocieron casos en los que inmobiliarias o propietarios directos no respetaban el DNU del Ejecutivo nacional que congelaba los alquileres, suspendía los desalojos y prorrogaba los contratos hasta el 30 de septiembre.

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Reclamo de consumidores

La repetición de denuncias valió que la Oficina Municipal del Consumidor convocara a una telereunión el lunes pasado. En el encuentro virtual, concejales, legisladores y funcionarios del municipio dialogaron con inmobiliarias y organizaciones de inquilinos, para acordar la elaboración de un protocolo de actuación entre todas las partes, que despeje dudas sobre la aplicación de ese decreto.

“Frente a los reclamos que hemos recibido, la idea es que sea todo mucho más simple para que los inquilinos encuentren soluciones de fácil acceso, con una comunicación unificada entre todos los actores”, explicó la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), que participó de la reunión. La mayor cantidad de denuncias recibidas, dijo la edila, son sobre locadores que se niegan a dar los datos para hacer la transferencia bancaria o el depósito en cajero automático.

En segundo lugar, incriminan la subsistencia de dos contratos de alquiler: por un lado el que se vencía, y se prorroga automáticamente porque están prohibidas las mudanzas, y por otro el nuevo que ya está firmado, con un locador que también exige el pago por un inmueble del que todavía no se ha podido hacer uso (ver aparte). Por último, detectaron propietarios que intentan hacer la prórroga pero cobrando un plus, lo que también está prohibido.

Hoy volverán a juntarse para intentar cerrar el texto. Se evalúa, una vez que se logre el aval de todos, que se pueda emitir como un mensaje de la Intendencia.

Fuente: La Capital

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