Concejales, sindicatos y vecinales profundizan el debate por la autonomía municipal de Rosario
Concejales y concejalas abordaron, junto a funcionarios del municipio, diversos aspectos del proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo, entre ellos: empleo público y recursos administrativos. Además, se recibió a representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y de la Casa del Vecinalista.
Pluralidad sindical en las paritarias locales, edad jubilatoria y régimen local de recursos administrativos y judiciales que promueva la celeridad, eficiencia y transparencia en los trámites judiciales y administrativos fueron los ejes del tercer encuentro de análisis del proyecto del Ejecutivo municipal sobre autonomía. También se recibió el pedido de las entidades vecinalistas de plasmar de modo pleno la participación ciudadana, con poder de decisión y representatividad en los seis distritos de la ciudad.
Empleo Público
El debate sobre este eje se centró en la necesidad de revisar el marco normativo municipal a la luz del proceso de autonomía, garantizando la protección de los derechos laborales y la sustentabilidad del sistema previsional.
Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner advirtió que el mensaje del Ejecutivo involucra aspectos sustanciales del empleo público y que algunos puntos podrían contradecir principios establecidos en la Ley Provincial N° 9286 y en la Ordenanza N° 3574, que fijan derechos del personal municipal. Ratner expresó su preocupación por la derogación del artículo que establece un plazo máximo de tres años para la planta transitoria, aunque valoró la posibilidad de contar con una paritaria local que permita discutir salarios, condiciones laborales, ingresos y egresos de personal. Enfatizó además el valor del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS), que —recordó— funciona sin aportes extraordinarios ni déficit, y reafirmó el compromiso del gremio con la defensa del 82% móvil para jubilados y pensionados.
La secretaria general adjunta del STMR, Yamile Baclini, profundizó en esa línea al señalar que la inaplicabilidad de la normativa provincial podría generar vacíos legales en algunos sectores, y que cada modificación debe discutirse con amplitud, garantizando los derechos adquiridos. Recalcó que el sindicato no se opone a las políticas públicas, pero requiere que se tenga en cuenta su mirada y su experiencia. Subrayó también la necesidad de debatir la sustentabilidad del sistema jubilatorio, advirtiendo sobre la merma en los aportes efectivos y la importancia de un análisis integral que evite soluciones parciales. Manifestó su preocupación por normativas vinculadas a la violencia laboral, que actualmente dependen de protocolos sujetos a regulación provincial, y reclamó un esquema paritario robusto que no limite la posibilidad de convocatoria por parte de los distintos actores.
En respuesta, el vicejefe de Gabinete, Gabriel Di Paolo, aclaró que el mensaje del Ejecutivo no modifica la edad jubilatoria vigente, que continúa siendo de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. “No hay norma que restrinja derechos ni artículo alguno en perjuicio de los trabajadores; el texto se ajusta a las normas nacionales y es de carácter progresivo”, explicó. Reafirmó además que el proyecto busca fortalecer la autonomía local y que el objetivo no es afectar derechos sino ordenar y actualizar el marco de empleo público municipal. En el mismo sentido, la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, reafirmó la potestad de la ciudad para regular sus propias relaciones laborales en el marco de su autonomía institucional.
Desde el Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck destacó la importancia de que el sindicato, el Ejecutivo y los concejales compartan un espacio de diálogo y construcción conjunta. Señaló que ya se están trabajando modificaciones a partir de los aportes recibidos y remarcó la urgencia de aprobar una ordenanza esperada desde hace más de 40 años, aunque aclaró que no se trata de un proceso apresurado sino de una prioridad para Rosario. “La voz de los trabajadores es tenida en cuenta dentro de una mesa de diálogo donde se busca alcanzar el mejor acuerdo posible —dijo—, pero también resulta fundamental la participación de los concejales para construir colectivamente la mejor norma”.
El concejal Fabrizio Fiatti consideró que la propuesta representa un paso central en la consolidación de la autonomía municipal, un proceso que continuará hasta la redacción de la carta orgánica local. Planteó que se trata de un plexo normativo vivo, capaz de incorporar consensos y adaptarse a la dinámica laboral del municipio. Propuso sistematizar los aportes del STMR y trabajar con documentos escritos que den sustento al debate, y sostuvo que la edad jubilatoria actual debe mantenerse como derecho adquirido.
La concejala Norma López intervino en defensa de los intereses de los trabajadores y advirtió sobre posibles paralelismos con el debate nacional en torno a la reforma laboral, aunque aclaró que este no es el eje del proyecto de autonomía. Por su parte, Jesica Pellegrini consideró que no resulta conveniente incluir un capítulo específico sobre empleo público en la ordenanza, al evaluar que podría tener consecuencias sobre las relaciones laborales municipales. En tanto, María Fernanda Gigliani insistió en que el respeto a la carrera administrativa es un principio esencial en la estructura del empleo público y que la política debe aportar previsibilidad y certidumbre a los trabajadores.
En conjunto, las intervenciones coincidieron en la importancia de construir una normativa moderna que preserve los derechos históricos del personal municipal y, al mismo tiempo, fortalezca la capacidad de gestión del Estado local. El eje de Empleo Público quedó así planteado como uno de los pilares del proceso de autonomía, en un debate que articula tradición, actualización normativa y la búsqueda de consensos amplios para consolidar un modelo de ciudad con empleo público sólido, sustentable y con reglas claras.
Recursos Administrativos
El debate en torno a este eje giró sobre la posibilidad de que la ciudad de Rosario cuente con un régimen propio que le otorgue mayor agilidad, transparencia y previsibilidad en sus procedimientos, consolidando el ejercicio de la autonomía municipal.
La subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, explicó que el mensaje del Ejecutivo propone la creación de un régimen local de recursos administrativos y judiciales, con el objetivo de asegurar la celeridad y simplificación de los procesos. Señaló que el texto aborda temas vinculados con las caducidades, las actuaciones, los plazos hábiles, la rectificación de errores y la definición de los distintos tipos de recursos —reconsideración, apelación, jerárquico, de revisión y aclaratoria—, estableciendo sus efectos y procedimientos propios.
Destacó que la autonomía administrativa permite al municipio regular estos temas sin invadir competencias ajenas, garantizando mayor seguridad jurídica en los reclamos y precisando plazos y etapas procedimentales. Aclaró que no se trata de una innovación sustancial, sino de un ordenamiento normativo que sistematiza prácticas ya existentes. En ese sentido, subrayó que la regulación local debe primar en caso de duda, dado que la autonomía implica la capacidad de ordenar en términos regulatorios con reglas claras y entendidas como propias. También señaló que la normativa provincial continuará vigente, por lo que no existe violación normativa alguna, y coincidió con la necesidad de precisar qué aspectos se consideran o no competencia de la autonomía municipal.
Durante el intercambio, Mariano Romero celebró la iniciativa de que el municipio dicte sus propios procedimientos administrativos, considerándola un paso positivo hacia la consolidación institucional, y reflexionó sobre la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. En contraposición, Jesica Pellegrini planteó interrogantes sobre los alcances de la competencia municipal en materia judicial, solicitando mayor precisión en los límites de actuación local.
Por su parte, María Fernanda Gigliani propuso avanzar hacia la redacción de un código de procedimiento administrativo municipal, que incorpore mecanismos modernos como notificaciones electrónicas oficiales y domicilio digital, además de prever la publicación de un informe anual de sentencias y montos abonados, en línea con políticas de transparencia activa.
La concejala Norma López sugirió que, en el marco de la autonomía, se utilicen expresiones como “prominencia de la norma local” para evitar interpretaciones erróneas del término “inaplicabilidad”, que podría generar confusión respecto de la relación entre la normativa municipal, provincial y nacional. También advirtió sobre la necesidad de mantener la coherencia normativa y evitar superposiciones o contradicciones entre los distintos niveles de ordenamiento.
En tanto, Alicia Pino consideró que esta instancia representa una oportunidad para generar un protocolo de actuación ante denuncias penales, y propuso revisar los plazos procesales a fin de lograr mayor eficiencia sin vulnerar garantías.
Finalmente, Fabrizio Fiatti puso el eje en el carácter evolutivo del proceso de autonomía, recordando que la futura carta orgánica será “un instrumento más del ordenamiento jurídico local, no excluyente ni exclusivo”, y que su propósito será regular lo orgánico, complementando la normativa existente y fortaleciendo el marco de competencias municipales.
En conjunto, las intervenciones coincidieron en que avanzar hacia un régimen de recursos administrativos propio constituye un paso esencial para consolidar la autonomía de Rosario, dotando al municipio de herramientas normativas modernas, transparentes y acordes con la dinámica actual de la gestión pública.
Vecinales y Participación Ciudadana
En este tema, se puso en el centro la importancia de fortalecer los mecanismos de involucramiento directo de los vecinos en la gestión pública entendiendo la autonomía municipal como una oportunidad para profundizar la democracia local.
El coordinador general de la Casa del Vecinalista, Germán Gago, expresó que el proyecto impulsado recoge la bandera histórica del movimiento vecinal: la participación ciudadana. Sostuvo que las vecinales pueden aportar su experiencia acumulada en el trabajo cotidiano con los barrios, y que esta nueva etapa del municipio debe abrir espacios de diálogo real en temas clave —como el presupuesto y la planificación territorial—, promoviendo la construcción colectiva de una nueva etapa para Rosario. Gago remarcó la necesidad de que las vecinales tengan una participación efectiva dentro de la Dirección de Vecinales y en los distritos, con voz y voto en las decisiones que afectan a sus comunidades. Planteó que el objetivo es construir una democracia de “alta intensidad”, en la que la ciudadanía participe no sólo cada dos años en las urnas, sino que intervenga activamente en las decisiones cotidianas del gobierno local.
Por su parte, la coordinadora de la Secretaría General de la Casa del Vecinalista, Silvia Giacobbe, detalló los lineamientos del proyecto, que integra experiencias de distintas ciudades del país y conclusiones de los congresos sobre autonomía municipal y movimiento vecinal. Explicó que la iniciativa promueve el reconocimiento formal de las asociaciones vecinales, la coordinación de sus acciones con el municipio y la creación de organismos de consulta que les otorguen participación directa en el tratamiento de los temas que afectan a sus barrios. También propone la conformación de consejos vecinales integrados por representantes de vecinales, directores de distrito y equipos técnicos municipales, con el propósito de definir prioridades barriales en materia de obras y servicios públicos. Se trata —afirmó— de avanzar hacia un esquema de cogestión, no de cogobierno, donde el protagonismo vecinal se traduzca en corresponsabilidad en la planificación local.
En el plano legislativo, la concejala Julia Irigoitia propuso que el pedido de las vecinales sea institucionalizado junto con la moción de la carta orgánica, de modo que quede formalmente incorporado como insumo para el proceso estatuyente, al igual que los aportes provenientes del ámbito académico.
El concejal Fabrizio Fiatti enmarcó la discusión dentro de las dos etapas que implica la autonomía: la etapa estatuyente, encargada de definir las reglas de juego, y la etapa de implementación inmediata, orientada a consolidar la práctica autonómica. En ese contexto, consideró que el debate sobre la carta orgánica debe ser una instancia colectiva y participativa. “Hay que hacer sentir importante la discusión de contar con una carta orgánica; va a modificar el andamiaje institucional de la ciudad. Hagámoslo juntos: tomemos como sede las vecinales, generemos instancias donde logremos ser convocantes; el desafío va a ser común”, expresó.
La concejala Alicia Pino resaltó que los cambios tecnológicos y la modernización de la gestión pública exigen repensar los procesos de descentralización, incorporando la voz y la iniciativa de los vecinos y las asociaciones vecinales como actores centrales en la toma de decisiones. En sintonía con esa mirada, María Fernanda Gigliani propuso potenciar el perfil digital municipal, de manera que las vecinales funcionen también como puntos de acceso tecnológico para aquellos ciudadanos que no cuenten con herramientas digitales, facilitando trámites y fortaleciendo la inclusión.
En conjunto, las intervenciones coincidieron en que el fortalecimiento del tejido vecinal y la participación ciudadana constituye uno de los pilares de la autonomía municipal. La creación de mecanismos institucionales de consulta, deliberación y cogestión entre el Estado y las organizaciones barriales permitirá consolidar una democracia participativa, moderna y territorialmente integrada, en la que los vecinos sean protagonistas de las transformaciones de su ciudad.
Participantes
Asistieron, en representación del Concejo Municipal, su presidenta, María Eugenia Schmuck; la presidenta de la comisión de Gobierno, Julia Irigoitia; y los concejales Fabrizio Fiatti, Mariano Romero, Federico Lifschitz, Alicia Pino, Manuel Sciutto, Marisol Bracco, Anahí Schibelbein, María Fernanda Gigliani, Jesica Pellegrini, María Fernanda Rey, Leonardo Caruana, Sabrina Prence, Agapito Blanco y Norma López.
Por el Departamento Ejecutivo estuvieron presentes la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti, y el vicejefe de Gabinete, Gabriel Di Paolo.
Además, participaron representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales —entre ellos el secretario general, Antonio Ratner, y la secretaria general adjunta, Yamile Baclini— e integrantes de la Casa del Vecinalista, Germán Gago y Silvia Giacobbe.
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