El Gobierno provincial apunta al debate legislativo sobre el uso de redes en adolescentes
A dos semanas del crimen de Ian Cabrera en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, el Gobierno de Santa Fe puso el foco no solo en el regreso progresivo a las aulas, sino también en la necesidad de abrir un debate legislativo en torno al uso de redes sociales en adolescentes.
La vocera provincial, Virginia Coudannes, planteó que el fenómeno excede lo educativo y requiere una discusión más amplia que involucre a distintos poderes del Estado. Señaló que se trata de “un tema que atender, profundizar y abordar con preocupación, pero también con acción”, y advirtió que cualquier decisión de fondo deberá surgir del ámbito legislativo.
En ese sentido, remarcó que el impacto de las redes y las dinámicas digitales en jóvenes se volvió un eje central tras el caso. Consideró que no alcanza con la investigación judicial, sino que es necesario avanzar en políticas públicas que incluyan regulación, prevención y acompañamiento.
Coudannes explicó que el abordaje debe ser integral: desde la educación, con dispositivos pedagógicos y de convivencia; desde la salud, con asistencia psicológica; y desde las familias, fortaleciendo los vínculos y la supervisión. Pero insistió en que el debate de fondo “tiene que darse también en las legislaturas”, donde se definan posibles marcos normativos.
En paralelo, la Provincia avanza con el retorno gradual de las clases en la escuela donde ocurrió el hecho. El proceso incluye tareas de reacondicionamiento del edificio y una reincorporación escalonada de estudiantes, priorizando espacios de diálogo y contención.
La funcionaria destacó que el acompañamiento estatal se mantiene activo tanto con la familia de la víctima como con toda la comunidad educativa, en un contexto atravesado por la conmoción. También subrayó la presencia territorial de autoridades y el seguimiento permanente del caso, con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro.
En este escenario, el crimen de San Cristóbal no solo reabre la discusión sobre la violencia juvenil, sino que instala con fuerza el interrogante sobre el rol de las redes sociales en la construcción de conductas y vínculos en adolescentes. Para el Gobierno provincial, la respuesta no puede limitarse a lo inmediato: requiere un debate político más profundo que permita anticipar y prevenir situaciones similares.
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