Pullaro solicitó 10 años de prisión para Sain por presunto espionaje ilegal
El gobernador Maximiliano Pullaro, a través de sus abogados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín pidió 10 años de prisión para el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en la causa en la que está acusado de regentear una supuesta asociación ilícita. El pedido de penas también alcanza a parte de quienes trabajaron como colaboradores en el Ministerio.
Por otro lado, la Fiscalía de Estado a cargo de Domingo Rondina también hizo lo propio en representación del Estado provincial, pero en esta ocasión el pedido es de 11 años de cárcel. Para el resto de sus colaboradores el pedido de penas es menor, ya que a Sain lo ubican como jefe de la asociación ilícita.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de Ezequiel Hernández, pidió que la causa por espionaje ilegal en contra del exfuncionario sea elevada a juicio tras más de dos años de investigación. Además de Sain, también están bajo investigación otras seis personas que fueron parte de su equipo de trabajo durante la gobernación de Omar Perotti.
El fiscal adelantó en ese entonces que pediría una condena de 11 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos también por el doble de tiempo de la condena.
La hipótesis de la fiscalía es que Sain tenía a su mando un equipo dedicado a elaborar perfiles de integrantes de la dirigencia política y empresarial, junto con otros actores clave del poder santafesino, incluyendo tanto a opositores de la gestión de Perotti como también a oficialistas.
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, sostuvo el fiscal al explicar que el ex titular de la cartera y las organizadoras habrían puesto en funcionamiento un sistema que permitía la comisión de delitos y garantizaba la impunidad de los involucrados en la causa.
La acusación recae también sobre otros seis exfuncionarios del área que, con distintos grados de participación entre 2019 y 2021, habrían realizado inteligencia ilegal, accediendo a datos personales y financieros de múltiples actores mediante el uso indebido de bases públicas y privadas, sirviéndose también de investigaciones penales.
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