Derribaron dos búnkeres vinculados a los crímenes del colectivero y del playero
El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el fiscal Franco Carbone, encabezaron este miércoles a la mañana el operativo en el que se derribaron dos inmuebles ubicados en Misiones al 2100 y al 2200, en barrio Santa Lucía. Según fuentes judiciales, esos dos inmuebles estaban mencionados en la investigación de los crímenes del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Busanich, ocurridos en marzo pasado en el marco de una escalada de violencia narco que tuvo como víctimas a dos taxistas también inocentes.
Se trata de dos viviendas vinculadas a la venta de estupefacientes _un búnker y otra edificación que funcionaba como aguantadero_, según indicaron fuentes oficiales. Las demoliciones se realizaron en el marco de la ley provincial de microtráfico.
Por su parte, Patricio Saldutti, también fiscal del Ministerio Público de la Acusación, presente en el lugar en el operativo de derribo, confirmó que los domicilios de Misiones al 2100 y Misiones al 2200 "sirvieron de base para la comisión de los homicidios del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Busanich. En esas causas judiciales, están todos los autores identificados, imputados y en prisión preventiva. Los mayores de edad a cargo del MPA, la Oficina de Gestión Judicial y el Colegio de Jueces de Primera Instancia Penal, y los menores a cargo de la Justicia de Menores".
En ese sentido, Saldutti recordó que aún "queda un prófugo (José Maturana), por el que se ofrece una recompensa que sigue vigente. Hay fotos y videos sobre esa persona. Hubo información sobre el mismo de que podría estar en provincias vecinas a Santa Fe. Estuvimos cerca pero no lo pudimos detener. Esperemos que lo podamos detener en el corto plazo. Creemos que todavía está en el país".
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que los operativos como el de esta mañana e desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
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