Revisan condena al asesino de Juan Cruz Ibáñez

La Cámara de Apelaciones en lo Penal revisa la resolución por la que Lucas Ojeda recibió 17 años de prisión.

La Justicia provincial volvió a abordar la investigación por el crimen del estudiante de ingeniería Juan Cruz Ibáñez, que fue asesinado en junio de 2018 de 26 puñaladas en ocasión de robo dentro de su departamento de Zeballos al 2100. La familia de la víctima pide más años de prisión, mientras que la defensa del homicida Lucas Ojeda solicitó la absolución.

La resolución por la que Ojeda fue condenado a 17 años de prisión será revisada en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, por un tribunal que está integrado por los jueces Carolina Hernández, Guillermo Llaudet Maza y Alfredo Ivaldi Artacho.

“Esta es la primera audiencia que vamos a tener. Nosotros insistimos con la imposición de la pena de 17 años. Estamos con mucho nerviosismo, pero no podemos bajar los brazos. Este mal viviente tiene que tener más años de cárcel”, dijo Sonia, la madre de Juan Cruz, a Radio 2.

Sonia consideró que por el crimen, el homicida –que al momento de cometer el homicidio tenía 17 años– debería recibir una pena de entre 25 y 30 años de prisión. “Es una pena más justa”, remarcó.

Ibáñez, de 23 años, fue asesinado el 29 de junio de 2018. Fue atacado mientras dormía en su departamento situado en un segundo piso, en una torre que está a pocos metros de los Tribunales provinciales. El agresor, Lucas Ojeda, ingresó a través del balcón del 2 “B”, al que se trepó, y le asestó 26 puñaladas a la víctima.

Ojeda intentó huir en un auto estacionado en la cochera del edificio, pero no pudo. Terminó yéndose en taxi con varios elementos del joven cargados en cuatro bolsas. Luego, el homicida se bajó en Chacabuco al 4200, domicilio de la zona sur de Rosario que luego fue allanado por la entonces Policía de Investigaciones (PDI).

El asesino fue capturado finalmente el 3 de julio a las 22 en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 90, cuando se disponía a fugarse con destino a la provincia de Chaco.

Cuando fue condenado, la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena ordenó que sea sacado de la categoría de “preso de alto perfil” en la cárcel de Piñero para que pueda ser incorporado a la escuela primaria.