Imputaron a Marcelo Sain por compra de armas

La audiencia se llevó adelante en la Fiscalía de Santa Fe donde quedó en libertad. Además fueron sindicados otros dos ex funcionarios de su cartera. Luego de la imputación Sain declaró.

El ex ministro de seguridad provincial y ex Director del Organismo de Investigación Marcelo Sain fue imputado en libertad junto a otros dos ex funcionarios de su cartera por los fiscales Mariela Jimenez y Ezequiel Hernández. El acto tuvo lugar en la fiscalía santafesina donde los funcionarios del MPA les achacaron los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial, en el marco de una pesquisa por irregularidades en una licitación para la compra de armas. El viernes, en tanto, tendrá lugar una audiencia imputativa al ex jefe de la División Logística de la Policía provincial. Jimenez adelantó que se realizará una audiencia de medida cautelar y que en la misma se solicitarán restricciones no privativas de la libertad.

Sain, de 57 años, fue imputado este jueves junto a su ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, de 54 años y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, de 50 años, por su intervención en la licitación de la compra de armas para la Policía de Santa Fe.

Los fiscales Jimenez y Hernández de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 dijeron que los ex funcionarios abusando de su condición realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe. El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

Jimenez señaló que la confección del pliego sólo permitía acceder a las condiciones a una de las empresas que podía ofrecer todas las armas que se requerían. La Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.

Explicaron que el pliego fue observado por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertido el Ministerio de Seguridad, lo que generó modificaciones al pliego donde se estableció que “la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems”.

La Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa Emprendimientos Grupo Patagónico S.R.L. estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar.

Dijeron que las intervenciones indebidas en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro.

De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente, refirió la fuente fiscal.

La licitación quedó finalmente sin efecto y para la Fiscalía los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.

La fiscalía sostuvo que tiene evidencia para probar que un representante de la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL fue quién redactó las condiciones del pliego licitatorio y se lo mandó a unos de los imputados antes del llamado a licitación.

Los funcionarios del MPA contaron que el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron los tres exfuncionarios fue de 17.103.543,60 dólares. Por su parte, en función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares.

La audiencia se llevó adelante mediante la plataforma Zoom y según trascendió Sain hizo declaraciones. Jimenez contó que uno de los imputados hizo manifestaciones pero no fueron relativas a los hechos sino sobre su opinion respecto a la investigación.