Mandan al Congreso primer proyecto para regular app de repartos
El Gobierno enviará la semana que viene al Congreso un proyecto de regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto de mercaderías – como Glovo, Rappi y Pedidos Ya. Por tratarse de una institución nueva con características distintivas estará por fuera de la ley de Contrato de Trabajo.
Es el primero en el mundo de su tipo abarcativo de toda la actividad, que incluirá un régimen distintivo de remuneración, jornada laboral, licencias y vacaciones, cobertura frente a accidentes e indemnizaciones, entre otros aspectos. Consagrará, además, el vínculo de relación de dependencia entre el repartidor y las empresas digitales.
El proyecto
Fijará un desempeño máximo de 48 horas semanales, un descanso mínimo de 12 horas y sueldos que serán calculados mediante un componente fijo, proporcional del salario mínimo, vital y móvil (SMVyM). Y otro variable que dependerá del número de entregas, la distancia recorrida, el tiempo insumido y el lapso de espera. A ese valor el proyecto prevé sumarle 20% si el trabajador utiliza su propio medio de transporte (bicicleta o moto) y teléfono celular, y otro 10% por días de lluvia. Un dato clave: las propinas no serán consideradas parte de la remuneración, por lo que quedarán de manera íntegra para los repartidores.
Las vacaciones se calcularán con un día de descanso por cada dos quincenas trabajadas. Uno de los ítems más novedosos del proyecto será el de licencias por enfermedad o accidente. Cada asalariado aportará para un fondo propio constituido por la remuneración de tres jornadas de trabajo -las acreditará el empleador- y del que podrá cobrar durante su recuperación.
Desvinculación
También habrá un capítulo sobre desvinculación. El texto estipulará que pasados treinta días sin logueo a una aplicación será considerado abandono de tareas y, por lo tanto, pasible de despido sin pago de indemnización. En caso de bloqueo unilateral por parte de la plataforma el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, sobre la base de la remuneración promedio del último semestre.
El proyecto dejará asentado el derecho a sindicalización y el reconocimiento de todos los derechos colectivos como el de negociar de manera colectiva y realizar una huelga.