Debate por la baja de imputabilidad: familiares de víctimas cuestionan el rol del sistema y las políticas de contención
En medio del debate reabierto sobre la baja de la edad de imputabilidad, impulsado tras el caso de Jeremías Monzón, voces de familiares de víctimas suman una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema penal juvenil y las políticas de contención social.
Catarina Narváez, integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas, consideró que la discusión no puede limitarse únicamente a una reforma legal y planteó que el problema de fondo radica en lo que ocurre dentro del sistema una vez que los menores ingresan.
Según explicó, muchos jóvenes que cometen delitos menores terminan agravando su situación tras su paso por instituciones judiciales. “Entran por un hecho menor y salen peores”, afirmó, al tiempo que sostuvo que esa conclusión surge de su experiencia directa acompañando casos.
En ese sentido, cuestionó la falta de políticas efectivas de recuperación y reinserción. “No se ha hecho nada para poder recuperarlos”, señaló, en un contexto "marcado por el consumo de drogas y la fragilidad de los vínculos familiares" que agravan la problemática.
Narváez también apuntó a cambios en la estructura social. A su entender, la desintegración familiar incide directamente en la situación de los jóvenes: “Se perdieron las familias”, sostuvo, al describir un escenario donde, según su visión, muchos chicos quedan sin contención.
La referente insistió en que la discusión pública suele estar alejada de la experiencia de quienes atraviesan estas situaciones. Por eso, llamó a que las víctimas se acerquen a espacios de acompañamiento para conocer sus derechos y exigir su cumplimiento.
“Cuando a mí me hicieron perder mis derechos, ahora quiero que se cumplan”, expresó, en referencia a su propio recorrido.
El debate sobre la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza, con posturas divididas entre quienes promueven endurecer el régimen penal juvenil y quienes advierten sobre la necesidad de priorizar políticas integrales de prevención, inclusión y tratamiento.
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